Year 3 - Week 52
ISSN 2603 - 9931
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Desde los años cincuenta el mundo ha asistido a la consolidación de un nuevo modelo de conflicto bélico donde la aparición de las grandes superpotencias basadas en la superioridad armamentística y tecnológica se han visto enfrentadas a actores irregulares o no-estatales en lo que se ha venido a denominar “conflicto asimétrico”. Este modelo de conflicto, presente en casos ya clásicos como la insurgencia malaya frente al Imperio Británico en los años cincuenta o la guerra de Vietnam que enfrentó a la insurgencia vietnamita del Vietcong con los Estados Unidos en los años setenta, parece haber cobrado nuevo auge tras conflictos como Afganistán –activo desde 2001- o Iraq -2003- que ha generado a su vez una revisión tanto de las doctrinas clásicas como de los mecanismos de respuesta –contrainsurgencia-, con obras que se han convertido ya también en clásicos, como “Countering Global Insurgency” y “Counterinsurgency” de David Kilcullen o el propio FM 3-24 “Counterinsurgency” de 2006 en que se basa el ejército estadounidense.
El nuevo fenómeno de la insurgencia global mantiene escenarios clásicos de guerra de guerrillas en los territorios autóctonos, con ataques basados en los golpes de mano y las emboscadas, principalmente, combinados en casos como Iraq y Afganistán con el uso de tácticas terroristas frecuentemente vinculadas al uso de artefactos explosivos. Sin embargo, y ello es el elemento diferenciador respecto a insurgencias clásicas y anteriores, la nueva insurgencia global presenta una dualidad basada en su capacidad de desplegar una estructura en red en el exterior de los territorios que controla, para internacionalizar su acción. Esta deslocalización, donde el entorno deja de ser favorable para el desarrollo de una guerra de guerrillas, fomenta el uso del terrorismo, llevando así el conflicto asimétrico de Iraq, Afganistán, Filipinas, Somalia o Nigeria, a las mismas puertas y al corazón de occidente a través del ya tan manido terrorismo jihadista. Lejos de ser un fenómeno nuevo, los países europeos han sufrido en sus carnes el terrorismo durante décadas; casos como la masacre del equipo olímpico israelí en las Olimpiadas de Munich, el atentado de Omagh o asesinatos selectivos como el de Miguel Ángel Blanco han sentado las pautas en los distintos miembros de la Unión Europea en lo que a gestión de incidentes terroristas se refiere. Por el contrario, el terrorismo jihadista añade nuevas especificidades que obligan a revaluar, e incluso readaptar los protocolos de respuesta a los cambios en los marcos ideológicos y, especialmente, a los nuevos modus operandi. A lo anterior se unen incidentes armados que sin ser de naturaleza terrorista, sí conllevan una gran similitud en cuanto al desarrollo del ataque y al nivel de letalidad. En ambos casos, los medios utilizados por los atacantes son más propios de una zona en conflicto que de un país occidental y moderno, lo cual obliga, a su vez, a reconsiderar los mecanismos de respuesta.
Por su parte, durante los últimos conflictos bélicos se han desarrollado nuevas herramientas tanto en el campo de la medicina como en el de la táctica y la protección que han sentado las bases para nuevos protocolos que son, en algunas de sus partes, extrapolables a entornos civiles en los que se producen acciones tácticas o armadas. Un claro ejemplo son las directrices TCCC –Tactical Combat Casualty Care- emanadas directamente del Committee on Tactical Combat Casualty Care del Ejército estadounidense, y que constituyen un protocolo a través del cual los militares desplegados en misiones internacionales reciben una formación táctica y sanitaria que les permite, una vez en el lugar del incidente como primeros intervinientes, manejar las tres principales causas de muerte evitable que se producen en combate, reduciendo así el número de bajas.
Sin embargo, y ello es común a todos los Estados europeos, a pesar de estrictos controles en materia de posesión de armas, las propias estructuras estatales, las diversas jurisdicciones y la compartimentalización que supone la división del trabajo, hacen que cuando se ha producido un incidente armado muchos de los protocolos de respuesta no están lo suficientemente testados, muestran fallos o simplemente aparece la descoordinación antes un nuevo perfil de ataque en el que priman las múltiples víctimas. Por paradójico que pueda parecer, un Estado como el español, con el bagaje en materia de lucha contra el terrorismo, y que ha sufrido durante décadas este fenómeno, en parte también motivado por la propia estructura territorial y administrativa contemporánea, carece de unas pautas de coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios de Emergencias Médicas, la red hospitalaria y las propias víctimas potenciales del nuevo terrorismo que nos amenaza, los ciudadanos. Con el propósito de sentar las bases para una coordinación más eficiente entre dichos escalones en la mitigación de este fenómeno clásico que hoy en día adopta nuevas formas de acción, nace el Protocolo IBERO. El documento busca la definición básica de dichos parámetros de coordinación a través de tres capítulos y dos anexos, que plantean a su vez futuras líneas de investigación.
El primer capítulo “Definición de la amenaza”, versa sobre la definición de incidente armado, para centrarse en dos aspectos clave: las distintas categorías de atacante y cómo el perfil de éstos redunda en una serie de modus operandi con características propias y motivaciones específicas. A través del estudio de la casuística podemos identificar una serie de patrones en la selección de objetivos, armas, número de víctimas y duración del incidente, información que puede ser valiosa de cara a la neutralización de la amenaza y a la respuesta al incidente.
El segundo capítulo, “El protocolo IBERO” define las fases de respuesta ante un incidente armado a través de un acrónimo nemotécnico que significa Información – Bloqueo de la amenaza – Escalonamiento – Respuesta y recuperación – Ordenamiento, construido a partir de la doctrina médica táctica-militar y de las directrices TCCC, TECC y Consensos Hartford como marco teórico, centrándose en la actuación de los primeros respondientes policiales y su actuación a través de las distintas zonas y fases que interactúan en el incidente.
El tercer capítulo, “Protocolo Prehospitalario” constituye la reelaboración del Protocolo IBERO desde el punto de vista sanitario, por tanto los solapamientos no son tales, sino puntos en común donde la acción es compartida -y por ello debe ser coordinada- entre personal policial y sanitario.
Metodológicamente, el equipo de trabajo encargado de desarrollar esta obra reúne un amplio espectro de profesionales de distintas disciplinas que van del ámbito policial y militar de la intervención táctica a personal sanitario, médicos, enfermeros, técnicos de emergencias, o psicólogos, a lo que se une profesionales del mundo académico y de la seguridad privada. Por ello, la revisión documental en la que se basa este protocolo es variada y también multidisciplinar. Las fuentes secundarias utilizadas son obras de referencia en los respectivos ámbitos de estudio, que buscaban identificar, con base en casos de éxito operativo en otros países como Estados Unidos, buenas prácticas y modelos trasladables al caso español, identificando qué actores deben intervenir en estos incidentes, en qué zonas y con qué funciones. Por otra parte, el documento cuenta con el análisis integrado en el discurso de la propia praxis profesional de los autores y su experiencia de campo en nuestro caso específico.
El Protocolo IBERO responde a tres preguntas:
- ¿Cuál es la amenaza armada, cómo se articula y cómo se desarrolla? Con ello se pretende facilitar la toma de decisiones y agilizar la elaboración de respuestas adaptadas a través de un mejor conocimiento de lo que la amenaza puede implicar.
- ¿Cuál es el rol de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Su rol es claramente el de neutralizar la amenaza, pero también lo es prestar una primera asistencia en zona de amenaza directa, en condiciones de seguridad, y extraer a las víctimas de esta zona de peligro para ponerlas en manos del personal sanitario. En este punto tenemos el primer eslabón de cooperación necesaria.
- ¿Cuál es el rol de los servicios de emergencias? Garantizar la cadena de supervivencia desde que reciben a la víctima del primer interviniente policial hasta la llegada de aquella al hospital. Sin embargo, en un entorno de amenaza, la seguridad del sanitario depende también del interviniente policial. Respecto al punto anterior, se deberán especificar dentro de los Planes de Emergencia, los centros asistenciales a los que deben ser trasladados las víctimas, para evitar colapsar los más cercanos al lugar del incidente. De nuevo conocer los mecanismos de cooperación es fundamental.
- Finalmente, el eje central es la víctima, que a su vez es interviniente inmediato de cuya acción en la respuesta al incidente éste puede desarrollarse de una forma u otra y obtener un número de víctimas más o menos elevado. Los ciudadanos deben conocer también tanto amenaza como modo de actuar ante ella, así como ante las fuerzas policiales de rescate o los servicios de emergencias. Es necesaria la formación, dotación de medios y, concienciación, especialmente de los ciudadanos y, de todos los miembros de los diferentes escalones asistenciales, para hablar un lenguaje común, disminuyendo la morbi-mortalidad de las víctimas.
El documento responde en buena medida a estas preguntas y proporciona una base documental para profundizar en dichos temas. Sin embargo el recorrido no se agota aquí. La asistencia psicológica tras el incidente, que figura en el primer anexo, ya apunta un tema que requiere ulterior desarrollo y que afecta a la recuperación de víctimas e intervinientes. Finalmente, el último estadio de la cadena asistencial, como gestión hospitalaria de un incidente con múltiples víctimas y a la vez como potencial objetivo también requiere un desarrollo más profuso. Del mismo modo, otros temas que no se encuentran comprendidos en este documento pero que merecen su propia línea de investigación en futuras revisiones y adendas son las plataformas aéreas y marítimas o la amenaza NRBQ.
Finalmente, este documento no pretende sustituir los procedimientos operativos de los organismos implicados, sino clarificar conceptos sentando una mejor y más eficaz base común para proveer respuestas integradas, efectivas y que redunden en un acortamiento de los tiempos de respuesta que, como se ha analizado, son inversamente proporcionales a la tasa de supervivencia. Ello en cualquier caso sería un intento fútil si no se considerase una última variable: la formación de todo el espectro de intervinientes en la respuesta a este tipo de emergencias, acompañada de simulaciones realistas que permitan testar las vulnerabilidades, corregir errores e implementar las buenas prácticas aprendidas sobre el terreno, en un tipo de incidentes que, pese a infrecuentes, son altamente letales.
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