Year 4 - Week 13
ISSN 2603 - 9931
Entre 1815 y 1914, el derecho internacional regulaba las relaciones entre Estados soberanos como principales actores en la Sociedad internacional. El Estado soberano basaba su acción exterior en dos herramientas: la diplomacia y el uso de la fuerza que, como sujeto de Derecho Internacional que el Estado es, venía regulado por el ius ad bellum y le convertía en el único posible actor beligerante. Dentro de este marco clásico se comienza a perfilar también la división funcional entre defensa nacional o protección de las fronteras soberanas del Estado frente a agresiones externas -también denominada en términos de interacción como seguridad internacional- y el mantenimiento del orden interno en el Estado o seguridad pública -asociada al concepto de seguridad nacional, dentro de las fronteras. La primera recaía tradicionalmente en manos de los ejércitos regulares, en un modelo basado en la noción de ejército nacional o de ciudadanos –nacionales del propio país- protegiendo al Estado, quedando así excluidos los ciudadanos no nacionales. De este modo, se garantizaba también el concepto de neutralidad.
Pero este paradigma estatal dio paso a lo largo del S.XX a un entorno mucho más difuso donde los Estados ya no eran el único actor viable, sino que competían con otros no-Estatales que han logrado la redefinición de las Relaciones Internacionales. Por una parte, actores que han constituido una amenaza a la estabilidad del orden internacional, tales como movimientos de liberación nacional, terrorismo, guerrillas, etcétera. Por otra parte, actores que realmente han favorecido una nueva sociedad internacional descentralizada, como lo están las instituciones y compañías multinacionales, que han reconfigurado el panorama de nuevos riesgos a asumir por esta sociedad internacional, generando una situación de interdependencia, como Keohane y Nye expresaban, en la que variables como el interés económico o las relaciones comerciales actúan como controladores de crisis e inestabilidades.
La fragmentación de la Sociedad internacional: hacia los conflictos asimétricos.
La pugna entre Estados y movimientos irredentistas, de liberación nacional, o que luchaban por el poder en un territorio determinado es un fenómeno clásico del que se encuentran ejemplos desde época clásica. Sin embargo, esta pauta parece florecer en el siglo XX como respuesta local al fenómeno de la colonización. Este tipo de movimientos, que conocemos como insurgencias, pueden ser definidas como aquellos movimientos irregulares -no estatales- que tienen la motivación política de buscar el derrocamiento de un poder establecido mediante el uso de la violencia, acompañado en ocasiones de acciones no violentas, como técnicas de resistencia civil, etcétera. Dentro de este marco, podemos mencionar dos procedimientos de combate principales, en ocasiones entremezclados: la guerra de guerrillas y el terrorismo. Mientras que la guerra de guerrillas se basa en la expansión del territorio controlado, cayendo en desuso como conjunto de tácticas a lo largo del siglo XX, el terrorismo, cuyo principal rasgo es la desmoralización y quiebra del poder al que se opone a través del miedo, provocado mediante acciones armadas, ha sufrido un proceso de internacionalización desde sus orígenes en las últimas décadas de la Rusia zarista hasta nuestros días con el terrorismo global jihadista. Si analizamos este tipo de fenómeno según sus contendientes, grupo insurgente y poder a derrocar, estaríamos frente a un conflicto asimétrico, aquel en el que se enfrenta un ejército regular, amparado por la estructura estatal en la que se inserta, y un movimiento armado irregular -guerrillero o terrorista-, estableciéndose una asimetría organizativa, de capacidades y en sus niveles de conducción bélica.
La paradoja de las últimas décadas, especialmente de lo que David Rapoport define como “Cuarta Oleada terrorista” u oleada del terrorismo religioso, centrada en el jihadismo global e iniciada con la revolución iraní y el estallido de la guerra soviético-afgana (1979) es que la internacionalización del fenómeno, especialmente en sus últimas fases, se articula a nivel global. De este modo, mientras que existen zonas “core” -Iraq, Siria, Yemen, Somalia, Afganistán, entre otros, serían ejemplo de ello- en las que grupos terroristas como al-Qaida y su escisión el Estado Islámico, controlan de facto el territorio a través del uso de la violencia, se dan paralelamente otras en las que estos grupos actúan en células o a través de individuos que llevan a cabo los actos terroristas con distintos grados de vinculación con la organización matriz. De este modo, la amenaza que para la sociedad internacional suponen los conflictos asimétricos ha diversificado su escenario de combate del core a la periferia, en las calles occidentales.
Nuevas respuestas: la privatización de la seguridad.
Una de las respuestas proporcionadas por los actores estatales a este nuevo escenario para garantizar el éxito de las fuerzas convencionales tanto a nivel interno como externo tras la Guerra Fría, es la externalización de servicios. Este principio, lejos de buscar la pérdida de soberanía del Estado, persigue externalizar tareas de apoyo que permitan preservar otros recursos necesarios para la modernización, preparación y retención de las fuerzas convencionales -del Estado-[1]. Un buen ejemplo de ello son las políticas implementadas por Estados Unidos en los dos principales conflictos entre la Guerra Fría y las Primaveras Árabes: Afganistán (2001) e Iraq (2003), marcados ambos por la presencia del terrorismo islámico.
Podemos definir el acrónimo PMSC (Private Military and Security Companies) como aquellos actores armados no estatales cuyas acciones violentas están motivadas por razones económicas[2]. Con raíces en la antigua y ahora prohibida y denostada figura del mercenario, pero tras siglos de evolución política y legal, una compañía militar privada (PMC) es una compañía civil especializada en la provisión de entrenamiento militar, operaciones militares de apoyo (funciones logísticas), capacidades operativas (asesoría, comunicaciones y sistemas de mando y control, o funciones de inteligencia), y/o equipamiento militar, para legitimar entidades domésticas o extranjeras en un conflicto[3]. Estas compañías son organizaciones con claras estructuras de negocios, siendo el servicio prestado la implicación en operaciones militares a lo largo de todo el espectro del conflicto, no exclusivamente en las acciones que implican el uso de la fuerza[4].
El periodo de auge de estas PMCs ha sido sin duda la pasada década de los noventa. Alguno de los primeros casos de uso de las mismas en la era moderna son Sierra Leona en 1991, cuando el presidente Valentine Strasser contrató los servicios de la PMC Executive Outcomes, compañía registrada en Sudáfrica, para repeler la invasión del Frente Unido Revolucionario procedente de la vecina Liberia. Unos años más tarde, en 1997, el presidente en el exilio Kabbah contrató los servicios de Sandline International para recuperar el poder. La misma compañía fue también contratada ese año por el gobierno de Papúa Nueva Guinea para proveer de asesoramiento militar, entrenamiento e inteligencia frente a una rebelión en la isla de Bougainville; a todo ello se añadía, y he aquí la especificidad, que el contrato implicaba que efectivos de la compañía serían desplegados para llevar a cabo acciones militares en apoyo al ejército del país[5]. Los tres casos muestran un uso recurrente de una tercera parte como mecanismo de resolución en el marco de un conflicto armado entre un Estado que ostenta el legítimo monopolio del uso de la fuerza, y un actor no estatal, que en cualquier caso encaja en la definición de insurgencia. La presencia de PMCs en estos conflictos nos lleva al concepto que Steven Metz definía como tercera fuerza, aquellos actores no estatales que apoyan a uno de los contendientes directos en la lucha armada haciendo uso de la fuerza, y que por su acción y presencia pueden cambiar el equilibrio de poderes y determinar el resultado del conflicto[6].
Terrorismo como insurgencia: PMCs como proveedoras complementarias de seguridad.
A lo largo del pasado siglo XX las guerras de descolonización y la propia dinámica de la Guerra Fría, basada en muchos casos en guerras “proxy” llevaron a sucesivas resoluciones de Naciones Unidas en las que se prohíbe a los Estados en los asuntos internos de otros Estados, así como la promoción del terrorismo y de otras acciones irregulares como el uso de mercenarios, prohibición ratificada en 1989 con la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios. Sin embargo, el Departamento de Defensa estadounidense, ya tras la Guerra Fría, reconocía en 1996 la necesidad de racionalizar la inversión en recursos militares sin perder capacidades. Es en este punto donde las Compañías Militares Privadas ofrecen una serie de servicios externalizados que constituyen un apoyo y una liberación de fuerzas y recursos para los ejércitos regulares[7].
Tomando Iraq como ejemplo, al comienzo de la guerra en 2003, más de sesenta empresas militares privadas con más de 20000 trabajadores llevando a cabo misiones relacionadas con la seguridad y la defensa estaban desplegadas en el territorio vinculadas de uno u otro modo al gobierno estadounidense. Antes de la invasión, estas fuerzas no-regulares llevaban a cabo entrenamiento de campo, pero también manejaban la logística y acciones de apoyo a la coalición previas al despliegue, y, lo que quizás sea más importante, daban protección a dicho flujo logística. Durante la invasión, el almacenamiento, cuidado y gestión del armamento de combate en su mayoría recaía en manos de personal civil contratado perteneciente a estas firmas, incluyendo sistemas altamente sofisticados como los helicópteros Apache o el manejo de baterías Patriot conjuntamente con el ejército estadounidense. Durante el periodo posterior a la invasión y durante la lucha contra la insurgencia iraquí vinculada a al-Qaeda, las PMCs desplegadas en Iraq contribuyeron a las diversas misiones de Reforma del Sector Seguridad en las que participaba Estados Unidos con actividades de formación y entrenamiento a las fuerzas de seguridad locales. Finalmente, también en el periodo post-invasión, cuando la guerra contra el ejército de Saddam Hussein se convirtió en una guerra de desgaste contra la insurgencia de al-Qaida, las PMCs en la zona llevaban a cabo también misiones de apoyo táctico sobre el terreno, apoyando a la fuerza desplegada de la coalición. Según Singer, estos trabajos, también incluidos en la genérica categoría de “seguridad” e incluso conllevan acciones militares en zona de guerra, distan de asemejarse al trabajo de “seguridad” del vigilante de cualquier centro comercial, y señala principalmente tres servicios tácticos: protección de infraestructuras e instalaciones como las de la Green Zone, de Bagdad, protección de líderes y personalidades, y escolta de convoyes[8], una labor de especial riesgo pues el uso de IEDs en los márgenes del camino se convirtió en la táctica estrella de la insurgencia iraquí.
Teniendo en cuenta que la insurgencia se basa en un actor no-estatal conocedor del teatro de operaciones que lleva a cabo una guerra de desgaste contra el enemigo, el uso de PMCs ha podido resultar un factor clave a la hora de entender el éxito relativo en Iraq, especialmente tras 2006. Uno de los principales objetivos de una insurgencia es romper los flujos logísticos, tanto por el impacto económico que conlleva como por el efecto psicológico de desmoralización que las tropas desplegadas sufren. La división de tareas fruto de la utilización de PMCs permite no solo paliar el primer factor, sino también la división psicológica en este aspecto -dejando aparte consideraciones de efectividad o preparación- mientras que, por otra parte contribuye a liberar fuerzas para concentrar su acción en la lucha contrainsurgente propiamente dicha, mientras que la seguridad de enclaves y personalidades queda garantizada en su externalización.
Sin entrar a juzgar la efectividad de este tipo de actores o la licitud de sus actos, la cual depende en última instancia de la parte contratante y del mandato estipulado, la división de tareas que permite el uso de PMCs sí aporta una mayor flexibilidad a la hora de gestionar entornos insurgentes, proporcionando adaptabilidad al sistema contrainsurgente caracterizado por las rigideces propias de una cadena de mando y una burocracia de corte estatal.. Por tanto, podemos concluir que pese a los todavía existentes vacíos en términos de transparencia, cumplimiento, ética, formación, etcétera y sobre los que se está trabajando tanto desde la iniciativa pública como privada, la privatización de la seguridad internacional puede aportar importantes mejoras ante retos como la contrainsurgencia global que supone el terrorismo jihadista.
[2] Espaliú, C., (2007). El Estatuto jurídico de los mercenarios y de las compañías militares privadas en el derecho internacional. Pamplona: Thomson Aranzadi..
[3] Schreier, F., Caparini, M. (2005) Privatising Security: Law, practice and Governance of Private Military and Security Companies. Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper, n. 6
[4] Horn, B. (2013). Private Military Corporations as Members of the global SOF network: worth another look? Ricks, C. (Ed.), The Role of the Global SOF Network in a Resource Constrained Environment, Tampa: Joint Special Operations University Report, pp. 41-56.
[5] Espaliú.
[6] Metz, S. (2007). Rethinking insurgency. Carlisle: Strategic Studies Institute, US. Army War College.
[7] US Department of Defense.
[8] Singer, P.W. (2004). The Private Military Industry and Iraq: what have we learned and where to next?. DCAF Policy Paper. Geneva.